Durante la segunda jornada del Encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, que se llevó a cabo en el Archivo Nacional de la Memoria de la ESMA, el subsecretario provincial Carlos Martínez hizo un balance de la actuación de su cartera desde que fue creada. Anteriormente la provincia del Chaco había recibido elogios de las autoridades por la celeridad para remitir información a los organismos nacionales.
La mayoría de los secretarios y subsecretarios de Derechos Humanos del país se dieron cita en uno de los edificios emblemáticos de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), a fin de tratar los temas específicos de los "sitios de la memoria", como su señalización y las actividades que se realizan en conjunto con otras áreas para garantizar su difusión.
El encuentro esta vez fue presidido por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, el secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, Eduardo Lafforgue, su coordinadora general, Judith Said y el director del Centro Cultural "Haroldo Conti", Eduardo Josani.
Aparte de los balances de cada jurisdicción, los asistentes centraron sus inquietudes en la necesidad continuar con la señalización de los lugares donde funcionaron los centros clandestinos de detención y tortura durante el terrorismo de Estado, pero insistiendo en que estas medidas no deben adoptarse aisladamente, sino combinadas con la difusión y concientización de los sucesos de ese periodo histórico, "como necesaria contribución al proceso de memoria, verdad y justicia". Tras realizar un balance de gestión, Martínez, acompañado por la coordinadora del área de Protección de la subsecretaría de Derechos Humanos, Dra. Silvina Canteros, ratificó su posición sobre la ética que deben tener los funcionarios del Estado: "la Constitución establece desde el año '94 que aquellos que formaron parte de gobiernos de facto no pueden ocupar cargos públicos, pero como la ley de ética pública de nuestra provincia no tiene una reglamentación al respecto, el Chaco ha permitido el acceso y la permanencia de hombres como Rolando Toledo a y en la esfera estatal". Luego el funcionario hizo una semblanza para sus pares de todo el país acerca del Dr. Toledo: "es uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que ha sido miembro de la C.A.L. (Comisión de Asesoramiento Legislativo); un legislador de facto del terrorismo de Estado que hoy es una autoridad de la Justicia chaqueña".
Más tarde Martínez planteó que el imperativo moral de un gobierno democrático es el que ha conducido al ex presidente Néstor Kirchner a pedir perdón al Pueblo en nombre del Estado Nacional por los delitos cometidos durante la Dictadura, y que en el mismo sentido debería hacerlo el ministro de Gobierno del Chaco, Jorge Alcántara, por la defensa que hiciera como abogado del capitán Spada, involucrado entre otras en la causa "Carrillo" de Formosa, y conocido como uno de los torturadores más temidos de esa provincia.
"La ley es igual para todos, -afirmó-, y queremos que nuestro ministro le dé una explicación a los organismos de defensa de los derechos humanos y a los familiares de las víctimas de la represión ocasionada por Spada, porque si bien es cierto que el derecho a la defensa les corresponde a todos, en esta situación hubo un compromiso moral que es necesario aclarar. Y en cuanto a la sociedad civil, si el ex presidente tuvo el coraje de pedir perdón, nuestro ministro también debería pedirle perdón al pueblo chaqueño".
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