Martínez responde a Ángel Rozas

Tras la carta abierta del ex gobernador
Martínez responde a Ángel Rozas
En conferencia de prensa, Carlos Martínez, titular de esa cartera, afirmó que las expresiones vertidas por el ex gobernador en una carta abierta responden al desconcierto político que le genera no entender el momento que vive la sociedad chaqueña.

"Creo que el Dr. Rozas se niega a aceptar que mientras siga tratando de interpretar la realidad actual con estructuras mentales viejas, se alejará cada vez más de la gente", dijo el funcionario. "Es lamentable que el desconcierto político lo lleve instalar este nivel de agresiones".

Martínez se mostró sorprendido por lo que consideró un desconocimiento notable del trabajo de la cartera que conduce: "el 7 de agosto hicimos un balance público en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, al que invitamos a toda la comunidad y él bien pudo haber asistido.

Presentamos un informe de 150 páginas sobre los resultados del primer semestre de gestión, acompañado por material audiovisual y videos".

El planteo de fondo de Rozas, en lo que respecta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, se relacionaba con los casos que él mismo estaba haciendo públicos a través de su "carta abierta": personal contratado que había sido cesanteado en una presunta violación a sus derechos como trabajadores.

Al respecto Martínez explicó que su cartera no puede intervenir 'de oficio', salvo en casos de extrema gravedad, en situaciones calificadas como violaciones a los derechos humanos, y que el mecanismo de intervención se operativiza mediante un pedido explícito de los interesados. "El Dr. Rozas, como cualquier otro ciudadano, tiene todo el derecho de concurrir a la calle San Roque 25 (sede de la Subsecretaría) y pedir, en caso de que considere vulnerados los derechos de las personas que él nombra, nuestra intervención".

Para despejar dudas, recordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos abordó casos en los que estuvieron involucrados militantes de la UCR, encadenados en el Ministerio de Desarrollo Social: "no me gusta decir esto pero ellos fueron los que se identificaron partidariamente; a mí no me interesa la ideología política de las personas; lo cierto es que logramos que se destrabara el conflicto y después fueron renovadas las becas y los contratos que reclamaban".

Asimismo mencionó los casos de los becarios del Polideportivo Jaime Zapata, evaluados tras el pedido del subsecretario de Deportes Raúl Bittel, en los que se obró de la misma forma.El caso del trabajador cesanteado de Secheep, Conde Olgado, fue otro de los puntos remarcados por Martínez. Los dos dictámenes que se elaboraron sobre su situación pertenecen a organismos del Estado: uno de la asesoría legal de Secheep, que rechaza la reincorporación de Olgado, y otro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que exhorta a la empresa a aceptar su restitución.

"El Dr. Rozas se pregunta 'para qué crearon ese organismo', pero la reforma constitucional de 1994, por la que se incorporan más de 10 pactos internacionales al plexo normativo nacional y provincial, de cumplimiento obligatorio y con cláusulas operativas que deben ser asumidas sí o sí, ya tenía un año de vigencia cuando él asumió su primer mandato. Al menos en lo jurídico, ya en esa época se había instalado la preocupación por la política de derechos humanos", indicó el funcionario. "

La pregunta es por qué no se creó una Subsecretaría de Derechos Humanos durante los 12 años de gestión de la Alianza". Para Martínez, casos como el de la niña aborigen violada, de trascendencia internacional, ocurrieron durante la gestión de Rozas. "El 24 de septiembre vamos a asumir en conjunto un compromiso público junto al Ministerio de Gobierno, porque el Estado provincial se allanó a la demanda de la representante de la víctima. Lo que no pudieron resolver durante 12 años, nosotros lo hemos hecho en 6 meses".

Por último, el subsecretario comparó dos situaciones en las que estuvo presente durante la anterior gestión de gobierno y en la actual, una desde el llano y otra como funcionario: los motines de 2005 y el de unos meses atrás en la Alcaidía de Resistencia. "Mientras en aquella oportunidad la población carcelaria fue reprimida brutalmente por las autoridades, cuando intervinimos junto al Cónsul Honorario de Brasil y las mediadoras del Poder Judicial y del Ministerio de Gobierno, pese a que estábamos a 2 metros de una granada activada, se llevó a cabo el procedimiento más limpio y respetuoso de los derechos humanos de los que se tenga memoria en los últimos años".